HRW expone 'falencias' en reglas de la Justicia Especial para la Paz

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proceso de pazEn una detallada carta de 10 páginas enviada tanto el Congreso colombiano como al Gobierno, la organización estadounidense Human Rights Watch expresó nuevamente sus serias objeciones frente al proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, que comenzará a ser debatido esta semana en el Legislativo.

En la carta. HRW sostiene que, como está, la ley podría permitir que responsables de crímenes de guerra no reciban un castigo genuino por los delitos cometidos.

Aún más, afirman que el proyecto introduce "nuevas falencias" en comparación con los acuerdos iniciales que se firmaron con las Farc y las posteriores modificaciones que se le hicieron en noviembre del año pasado.

"Compartimos este análisis con la esperanza de que el Congreso fortalezca de manera tangible y objetiva la Jurisdicción Especial para la Paz para asegurar que este sistema se encuentre en condiciones de impartir una justicia genuina para las graves atrocidades cometidas durante el conflicto armado colombiano", escribe en la carta José Miguel Vivanco, director para las Américas en esta ONG.

En la misma, HRW enumera sus preocupaciones en cinco áreas particulares.

La primera de ellas tiene que ver con las restricciones y libertades para aquellos miembros de las Farc y de la Fuerza Publica que se sometan a la justicia especial.

Para HRW el proyecto está lleno de vacíos en su tratamiento a los miembros de las Farc que confiesen sus crímenes y, por tanto, reciban los beneficios plenos de la JEP.

Uno de ellos es que si bien establece que el Tribunal para la Paz determinará el "lugar de residencia" donde pagarán estas penas, no hay ningún indicio sobre "la naturaleza o ubicación de este lugar".

Asimismo, no establece con claridad si el desplazamiento de la persona sancionada estará limitado a su “lugar de residencia” fuera de los “periodos horarios” en los cuales lleve a cabo tareas restaurativas, ni consecuencias para quienes incumplan las sanciones. Lo cual es grave, dice HRW, pues podrían no cumplir con las órdenes del Tribunal y continuar disfrutando de los beneficios por su confesión.

También critica que se ofrezca reducir la pena a quienes, tras la firma de los acuerdos, hayan ya realizado proyectos restaurativos relacionados con el desminado sin establecer si esos trabajos se cumplieron "en condiciones similares a las previstas en el régimen de sanciones".

Asimismo, que plantee una reducción de la pena para aquellos que no tuvieron una "participación determinante" en graves crímenes sin definir primero el alcance de ese término.

Esto genera la posibilidad de que en la práctica se confiera una amnistía o inmunidad a una gran cantidad de personas

Por otra parte, dice la ONG, el proyecto "no resuelve el problema fundamental sobre cómo y en qué medida se permitirá que los exguerrilleros de las Farc se postulen para cargos públicos o participen en política mientras cumplen sus condenas".

A su juicio, si la interpretación termina siendo que pueden participar mientras cumplen la pena se "menoscabaría gravemente la credibilidad de las sanciones impuestas por la JEP".

 

En el caso de los miembros de la Fuerza Pública, HRW subraya que el proyecto no aclara qué clase de supervisión y control existirá frente a ellos durante los días que no estén cumpliendo con las tareas previstas en su condena.

Y también piden que se excluya al Ministerio de Defensa como uno de los entes encargados de velar por que los uniformados cumplan las penas. Para la ONG, esta institución ha demostrado en el pasado ser laxa y permisiva a la hora de monitorear a sus propios miembros.

HRW, en su punto número dos, expresa preocupación por una modificación al acuerdo que antes permitía a la Fiscalía continuar con las investigaciones hasta que la JEP le solicitará remitir las mismas.

Ahora, afirman, existen nuevos límites a las tareas de la Fiscalía que en la práctica supondrían más demoras a procesos que ya de por si están retrasados. Y mencionan cómo ya se han presentado sentencias en las que un jueces ha decidido suspender los procedimientos pues el caso podría recaer en la JEP. De ser así, algunos casos no llegarían a la justicia especializada antes del año 2022.

En su tercer punto HRW insiste en el concepto de cadena de mando para determinar la responsabilidad en un crimen y cree que el proyecto no permitirá castigar a comandantes que "debían hacer sabido de las acciones de sus subalternos", como dicen, lo prevé el derecho internacional.

Les preocupa, además, que no se incluya una definición de responsabilidad de mando para agentes del Estado que no son miembros de la Fuerza Pública pues estos, ante el derecho internacional, también pueden ser culpables de las conductas de subalternos.

Piden, en su cuarto punto, una participación activa de las víctimas durante los procesos de la JEP e infieren que esta no se ve garantizada pues el proyecto solo indica que su participación será "contemplada" por la JEP.

​Por último, HRW expresa su incomodidad por "el lenguaje amplio de una disposición del proyecto de ley que permite que la Jurisdicción Especial renuncie al ejercicio de la acción penal frente a personas que pueden ser responsables de crímenes internacionales".

El texto del proyecto, sostiene la ONG, contempla que la JEP podrá determinar los criterios para concentrarse exclusivamente en quienes tuvieron una participación determinante en los hechos más graves, pero a su vez "renunciar" a la acción penal de todos los casos no seleccionados como graves.

"En efecto, esto genera la posibilidad de que en la práctica se confiera una amnistía o inmunidad a una gran cantidad de personas que, pese a estar acusadas de delitos internacionales, podría considerarse que no tienen una responsabilidad 'determinante' o no están involucradas en casos que sean considerados los “hechos más graves y representativos' ”, dice Vivanco en la carta.